El coronavirus aceleró el negocio de la telemedicina. Esta práctica, basada en la oferta de asistencia sanitaria online, comenzaba a despuntar tímidamente antes de la crisis de la COVID-19, pero en los últimos meses ha dado un paso de gigante.
Según un informe de la entidad estadounidense de capital riesgo Rock Health, las compañías de salud con servicios en este ámbito ganaron entre enero y marzo más de 3.000 millones de dólares, casi el doble de lo registrado en años anteriores.
El atasco de la sanidad y el temor de muchos pacientes con otras dolencias a acercarse a los centros de salud ha provocado que muchas consultas leves o no urgentes se canalicen a través de este servicio, en donde el riesgo de contagio es, además, inexistente.
La telemedicina, no obstante, tropieza con un importante obstáculo: el legal. Actualmente, España no cuenta con una normativa específica que regule esta práctica, lo que obliga a recurrir a diferentes leyes de ámbitos distintos.
“Por sus particularidades, le son de aplicación todos los reglamentos sobre servicios de la sociedad de la información, los de materia sanitaria y, por supuesto, sobre privacidad”, expone María Pardo de Vera, abogada especializada en protección de datos en Helas Consultores.
