Las autoridades regionales españolas aplican restricciones sociales y comerciales cada vez más severas para frenar la segunda ola de coronavirus, con cerca de 9.000 casos nuevos en 24 horas, y tratar así de evitar un confinamiento domiciliario de la población, que tendría graves consecuencias económicas.
Toda la población española ya tuvo que permanecer en las viviendas, salvo motivo justificado, varios meses la primavera pasada, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, cuando el Gobierno declaró por primera vez el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio.
